Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado, que desestima el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución municipal en la que, entre otros extremos, se acuerda la demolición a costa del interesado de las obras ilegales llevadas a cabo sin licencia, que se revoca, y se acuerda la nulidad de la resolución impugnada. La controversia que nos ocupa queda reducida a determinar si el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística incurre o no en caducidad del procedimiento. La norma dice que el plazo máximo de notificación de la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística es el de diez meses. Si llegado el plazo máximo de duración del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística éste no se hubiera resuelto, se produce su caducidad, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones. Por lo que se desprende que a efectos del procedimiento en vía administrativa, el mes de agosto será hábil al no contar con una regla específica que lo distinga de los demás. Por ello, ha transcurrido un plazo superior al de diez meses, por lo que debe entenderse acaecida la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que nos ocupa, lo que comporta la nulidad de la resolución administrativa aquí impugnada en cuanto que decretaba la demolición de las obras objeto de requerimiento de legalización.
Resumen: Reitera el trabajador la improcedencia de su despido (acogiendo la sentencia –también recurrida por la empresa- la extinción indemnizada de su contrato de Alta Dirección con el acumulado resarcimiento indemnizatorio que fija por causa del fraude que imputa a su empleador. Recurso que aquel formaliza bajo un primer motivo dirigido a censura el déficit de motivación y valoración probatoria que imputa a la misma. Tras rechazar (por inadecuado al motivo en que se ubica) esta clase de reproche examina la Sala las dos cuestiones (nucleares) suscitada en dicho trámite (la naturaleza del contrato y su influencia en el régimen de su extinción) difiriendo del criterio judicial de considerar acreditado que el trabajador ejerce poderes inherentes a la titularidad de la empresa, conectados a los objetivos generales de esta cuando es así que ni siquiera se titula al mismo de alto directivo ni se objetivan elementos de los que poder inferir tal condición; de lo que deriva la jurídica consecuencia de mutar en despido (improcedente) lo que se había considerado desistimiento empresarial. Respecto a sus consecuencias económico-indemnizatorias se rechaza aplicar (en su conformación) una clausula de blindaje de eficacia limitada en el tiempo pues solo opera si la extinción tiene lugar durante los primeros 5 años del contrato. Se rechaza el recurso de la empresa; confirmándose (junto a la declarada extinción indemnizada por razón del observado fraude empresarial) la indemnización según el sa
Resumen: El juzgado de instrucción dictó sentencia absolviendo a la denunciada de un delito leve de apropiación indebida del artículo 223.2 del código penal por extinción de la responsabilidad criminal por prescripción del delito. Se ha interpuesto recurso de apelación frente a la sentencia, alegando que la sentencia infringe la jurisprudencia al iniciar el cómputo del plazo de prescripción en la fecha en que se entregó la documentación, sosteniendo que ha de tomarse como fecha de comisión del delito y por tanto del inicio del plazo de prescripción, aquella en la que el inculpado requerido para la devolución de la cosa se niega a hacerlo, por lo tanto la fecha en la que se presentó denuncia reclamando la devolución de la documentación. La audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de apelación y confirmarla sentencia concluyendo que en el delito de apropiación indebida la consumación se produce cuando se materializa la disponibilidad ilícita de lo que no le pertenece y ha podido actuar sobre ello como si fuera su propietario, esto es, cuando se exterioriza la voluntad de no devolución del bien indebidamente retenido, y a partir de ese momento comienza computar el plazo de prescripción.
Resumen: El recurso debe ser estimado, entendiendo esta Sala que la resolución recurrida carece de motivación, o en cualquier caso, su fundamentación, sin más aclaración resulta contradictoria y contraria a la normativa de aplicación. Reconocido por la propia Tesorería que el contrato de trabajo de D. Jose Luis se encontraba suspendido por inclusión en un ERTE y "Desde fecha 23-03-2020 la empresa tenía reconocida la exoneración de cuotas, por estar el citado trabajador incluido en expediente de suspensión de contratos regulado en artículos 22 y siguientes del Real Decreto-Ley 8/2020 (6) , para hacer frente al impacto social y económico del COVID" carece de justificación que no se permita la ampliación del plazo de la vigencia inicial del contrato por el tiempo que el mismo estuvo suspendido, cuando así lo establece de forma expresa el artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo (7) , por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19. Difícilmente ha podido la empresa aplicarse las bonificaciones previstas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre durante el periodo en que el contrato estuvo suspendido, cuando el mismo durante ese periodo se encontraba exonerado de cotización conforme al artículo 24 del RDL 8/2020 (8) según explica la propia administración recurrida.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la pretensión ejercitada por UGT en la que reclama frente la empresa demandada que se declare la obligación de facilitar al personal que presta servicios a través de la modalidad de teletrabajo la silla ergonómica que sí proporciona a los trabajadores que prestan servicios de manera presencial en los centros de trabajo de la compañía. Tras rechazar la excepción de prescripción, tras recordar la jurisprudencia en materia de prescripción de acciones colectivas, descarta que el principio de igualdad de condiciones de trabajo que proclama el art. 4.1 de la LTD entre trabajadores presenciales y teletrabajadores se extienda al tipo de asiento que se utiliza para la prestación de servicios, pues los arts. 7, 11 y 12 de la LTD admiten que la dotación de medios y compensación de gastos sean objeto de negociación individual o colectiva, y no recogiéndose tal obligación ni en los acuerdos suscritos ni en el Convenio de aplicación, no procede estimar la demanda en base a este argumento. Por otro lado, de la prueba practicada no puede deducirse que dicha petición pueda tener acogida como medida de prevención de riegos aplicable con carácter general.
